La jueza Irene Rodríguez se ha convertido en una de las figuras más buscadas en internet tras su reciente imputación por parte del Ministerio Público. Aunque es una magistrada con más de dos décadas de trayectoria, no cuenta con una entrada en Wikipedia.
Esto ha generado aún más curiosidad entre los internautas que desean conocer su perfil profesional y los detalles del escándalo judicial que enfrenta. A continuación, te explicamos quién es y por qué está en el centro de la polémica.
Irene Rodríguez Chávez es una jueza chilena de 60 años, titulada en Derecho por la Universidad de Valparaíso en 1990. Su carrera en el Poder Judicial comenzó en 1997, cuando asumió como oficial de la Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que desempeñó hasta 2004.
Posteriormente, pasó a ejercer como jueza en diversos tribunales del país, destacando por su participación en casos de alto perfil.
Irene Gladys Rodríguez Chávez es una jueza chilena con una larga trayectoria en el Poder Judicial, actualmente en el centro de una polémica por la liberación de un presunto sicario. Foto: Cortesía.
Desde diciembre de 2016, Rodríguez es jueza titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
A lo largo de su carrera, ha sido protagonista de decisiones judiciales que han generado debate, como la liberación de exfuncionarios de Carabineros implicados en un caso de fraude al fisco en 2017. En el ámbito personal, se sabe que está divorciada y es madre de tres hijos.
La jueza enfrenta una investigación penal y disciplinaria por su presunta responsabilidad en la liberación de Alberto Carlos Mejía, un ciudadano venezolano imputado por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el ‘Rey de Meiggs’.
El crimen ocurrió el 19 de junio de 2025, y desde entonces el caso ha acaparado la atención mediática por la gravedad de los hechos y el error judicial que permitió la fuga del presunto sicario.
Según los antecedentes, Rodríguez firmó una orden judicial que contenía una corrección en el nombre del imputado, lo que dio paso a una confusión administrativa entre Gendarmería y el tribunal.
Como resultado, Mejía fue liberado y posteriormente escapó del país. Este acto fue catalogado como un error grave por el Ministerio Público, que imputó a la jueza por prevaricación culposa, es decir, por actuar con negligencia grave o ignorancia inexcusable en el ejercicio de su función.
Medidas disciplinarias y reacciones públicas
Ante la gravedad del caso, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió suspender a Irene Rodríguez de sus funciones por un período inicial de un mes.
Paralelamente, se abrió una investigación penal y se procedió a la incautación de celulares y computadores tanto de la jueza como de otros funcionarios del tribunal, con el fin de esclarecer cómo ocurrió la liberación del imputado.
Además, la Corte Suprema inició una investigación interna para determinar responsabilidades adicionales dentro del sistema judicial. Hasta la fecha, hay al menos nueve personas imputadas, entre ellos funcionarios judiciales y gendarmes.
Por su parte, Rodríguez ha defendido su accionar, asegurando que no actuó con dolo ni corrupción y atribuyendo lo ocurrido a fallas administrativas por parte de Gendarmería. No obstante, reconoció que el oficio que firmó pudo haber generado confusión.
No es la primera vez que Irene Rodríguez se ve envuelta en decisiones judiciales controvertidas. En 2023, dictó prisión preventiva contra el futbolista Jordi Thompson por violencia intrafamiliar, una resolución que también generó cobertura mediática y opiniones divididas.
En esta nueva polémica, algunos rumores han señalado que la jueza habría estado somnolienta durante la audiencia en la que se tramitó la liberación de Mejía, pero ella ha desmentido rotundamente esa versión, calificándola de falsa y malintencionada.
El caso de la jueza Irene Rodríguez no solo pone en entredicho la eficiencia del sistema judicial chileno, sino que también reabre el debate sobre las responsabilidades individuales dentro de una cadena de procedimientos que, cuando falla, puede tener consecuencias irreversibles
